1. Opciones de política
La evaluación del impacto presenta cuatro posibles opciones de reforma de la OCM del vino.
Opción 1: Statu quo, con algunas posibles adaptaciones de carácter menor
Opción 2: Reforma en profundidad de la OCM
Opción 3: Reforma con arreglo a los principios de reforma de la PAC
Opción 4: Desregulación del mercado vitivinícola
2. ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES
Repercusión económica: Equilibrio del mercado
A la luz de las perspectivas a medio plazo para la UE-27, el mantenimiento del régimen vitivinícola actual (opción 1), incluso acompañado de adaptaciones menores, provocaría un aumento de los excedentes y, por consiguiente, se considera una solución inviable.
En todas las demás opciones, la supresión de las medidas de mercado garantizaría una mejor orientación de la producción vitivinícola y, por tanto, la consecución del equilibrio a largo plazo. No obstante, las opciones 2, 3 y 4 tendrían distintos efectos en el equilibrio del mercado a corto plazo.
En concreto, la opción 2 facilitaría la absorción más armoniosa y más rápida posible de los excedentes vitivinícolas, ya que contribuiría a reducir el potencial de producción (programa de arranque) y favorecería el ajuste estructural del sector. Por otro lado, en las opciones 3 y 4, la ausencia de medidas estructurales dificultaría la transición hacia el equilibrio del mercado.
Provocaría graves dificultades en un sector largo tiempo dependiente de los instrumentos tradicionales de intervención del mercado y que ahora debería por sí solo adaptarse a la nueva situación del mercado.
En el caso del statu quo, el aumento de los excedentes generaría una presión creciente en las medidas de intervención y en el presupuesto comunitario. Las herramientas del mercado tendrían cada vez más dificultades para eliminar eficazmente las existencias de vino. Las crisis repetidas provocarían una bajada de precios y, por consiguiente, de las rentas agrarias.
Todas las demás opciones permitirían alcanzar, a largo plazo, un nivel satisfactorio de los precios y de las rentas, consecuencia directa del equilibrio del mercado.
No obstante, con independencia de la opción elegida, los productores de vino deberán enfrentarse en general a una disminución de los precios y a pérdidas de renta a corto plazo, ya que la estabilización de la situación del mercado exigirá un importante esfuerzo de ajuste estructural.
Para evaluar las repercusiones de las cuatro opciones, se realizó una simulación en dos etapas:
1. se extrapolaron los precios del vino sobre la base de la relación estadística entre los precios del vino de mesa y el volumen total de las existencias de vino;
2. se simuló la repercusión en la renta de la bajada de precios prevista, sobre la base de la información de la Red de Información Contable Agrícola (RICA) y de siete «explotaciones tipo», representantes de las categorías de productores de vino de mesa más significativas de cinco grandes regiones vitivinícolas de la Unión.
Los resultados de este ejercicio (véanse los anexos 2 y 3) muestran que el statu quo y la desregulación total son las opciones que ocasionarían las repercusiones más graves en los precios y en la rentas.
En general, la opción 2 tendría una repercusión menos pronunciada, aunque todavía bastante significativa, en la renta a corto plazo y permitiría su rápida estabilización en el tiempo.
La opción 3 constituiría en su conjunto la opción más atractiva para los productores de vino a muy corto plazo, puesto que el pago disociado compensaría, inicialmente al menos, la caída de los precios; no obstante, la lenta recuperación del equilibrio del mercado y la marcada evolución de los precios a la baja podrían originar una degradación de las rentas a medio plazo.
La industria vitivinícola de la UE presenta actualmente algunas desventajas frente a sus
competidores:
– estructuras de producción más pequeñas, con costes de producción más elevados y cantidades que no llegan a satisfacer las necesidades de los grandes distribuidores
– estrategia de comercialización menos dinámica,
– limitaciones reglamentarias más rigurosas.
A este respecto, la opción 1 no resolvería los problemas actuales.
Las opciones 2, 3 y 4 aportarían soluciones parciales a través de:
– una mejor orientación al mercado,
– una mayor flexibilidad en lo que respecta a las prácticas enológicas y las normas de etiquetado,
– una disminución de las limitaciones reglamentarias.
En particular, la supresión de la prohibición de nuevas plantaciones promovería la
competitividad, ya que permitiría a los productores más eficaces obtener el máximo provecho del tamaño de su explotación y ejercer su actividad a la escala de producción más apropiada.
Por último, la prohibición de la utilización de sacarosa para el aumento artificial del grado alcohólico natural podría tener un efecto negativo en la competitividad, ya que podría aumentar los costes de producción entre un 15 y un 25 %1.
En el caso de la opción 1, el deterioro de la situación del mercado vitivinícola aumentaría las dificultades económicas y sociales de las zonas rurales de las regiones productoras.
Con la opción 2, la estabilización armoniosa del equilibrio del mercado y, por consiguiente, la consecución de la sostenibilidad económica de la producción vitivinícola tendrían una repercusión socioeconómica positiva en las zonas rurales en su conjunto. Los fondos asignados a la dotación nacional y al refuerzo de la política de desarrollo rural facilitarían el ajuste estructural del sector y atenuarían los efectos de la reducción de la producción vitivinícola.
En las opciones 3 y 4, la falta de medidas estructurales específicas destinadas a acompañar el abandono de las herramientas del mercado y a favorecer el ajuste estructural del sector traería consigo riesgos significativos para la cohesión de las regiones productoras de vino. En concreto, la opción 4 produciría los efectos más radicales.
La producción vitivinícola ejerce una serie de presiones medioambientales:
– efectos en el suelo (erosión, compactación, pérdida de materia orgánica),
– utilización intensa de productos fitosanitarios (fungicidas en particular ),
– eliminación de los subproductos de la vinificación,
– recurso creciente a la irrigación en ciertas regiones,
– especialización excesiva,
– riesgos derivados de un arranque desordenado.
Con el statu quo el medio ambiente seguiría sufriendo todas estas presiones.
Con la opción 2, no sería fácil hacer cumplir las exigencias medioambientales fundamentales en toda la superficie vitícola, dado que las explotaciones vitivinícolas no recibirían necesariamente ayudas directas, susceptibles de reducirse en caso de incumplimiento de la condicionalidad. No obstante, una posible solución podría ser subordinar las medidas de apoyo (incluidas las subvencionables con cargo a la dotación nacional y al desarrollo rural) al cumplimiento de las obligaciones en materia de condicionalidad. El refuerzo del arranque podría tener efectos globalmente positivos en el medio ambiente, puesto que suele reducir el monocultivo. Sin embargo, también podría tener efectos negativos en el medio ambiente en caso de abandono de tierras o de sustitución por cultivos más intensivos.
La ventaja principal de la opción 3 consiste en que los requisitos medioambientales fundamentales se cumplirían automáticamente gracias a la condicionalidad.
Con la opción 4, sería muy difícil hacer aplicar un conjunto mínimo de requisitos medioambientales, puesto que no se concedería ninguna ayuda a los viticultores en virtud de la OCM del vino.
La supresión de todas las medidas de destilación, prevista en las opciones 2, 3 y 4, podría tener efectos positivos en el medio ambiente, siempre que los subproductos de la vinificación se traten con arreglo a métodos adecuados.
Repercusión en el comercio y conformidad con las normas de la OMC
A continuación se relacionan los principales retos del sector vitivinícola en el contexto de la
OMC:
– ayuda interna: gran parte de los gastos anuales de la OCM del vino se incluye en el compartimento ámbar, es decir, entre los tipos de ayuda que más distorsionan el comercio;
– política de calidad e indicaciones geográficas: el marco reglamentario vigente en materia de calidad no permite una protección internacional óptima de las indicaciones geográficas comunitarias en el contexto del Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC;
– disposiciones de etiquetado: los países que no forman parte de la UE consideran discriminatorias las normas comunitarias. Con la opción 1 seguirían sin resolverse casi todos los problemas del régimen vitivinícola actual con relación a la OMC, por consiguiente, muchas disposiciones de la OCM podrían ser objeto de crítica en el futuro.
Todas las otras opciones serían completamente conformes con las exigencias de la OMC, si bien, en lo que respecta a la dotación nacional de la opción 2, convendría comprobar la inclusión en el compartimento verde sobre la base de la aplicación concreta de las medidas admisibles.
Repercusiones en la calidad del vino, la salud y la protección de los consumidores
La opción 1 no tendría ningún efecto en la calidad de los vinos.
Con las opciones 2, 3 y 4, la mejor orientación al mercado lograda gracias a la supresión de las medidas de mercado tendería a favorecer el segmento de los vinos de mayor calidad.
En la actual OCM del vino, la destilación de alcohol de boca tiene un efecto negativo en la salud pública, ya que subvenciona la transformación de vino en una bebida con un grado
alcohólico mayor. Al permitir la producción de aguardiente de vino a costes menores, fomenta su consumo, lo que entra en conflicto con los objetivos de salud pública.
En la opción 1, las subvenciones a la destilación de alcohol de boca se mantienen o se reducen sólo en parte, con lo que subsiste la incoherencia con la política de salud pública.
En las opciones 2, 3 y 4, la supresión de la destilación de alcohol de boca subvencionada y, más en general, el objetivo de reducir los excedentes a través de una mejor orientación de la
producción hacia el mercado, tendrán posiblemente efectos positivos en la salud pública. La opción 2 permitiría la absorción más rápida de los excedentes de vino.
Por otra parte, las simplificaciones propuestas en el ámbito de la política de calidad, el sistema de indicaciones geográficas y las normas de etiquetado, así como las campañas de sensibilización y de información previstas en la opción 2, podrían aportar más transparencia para los consumidores.
